El dirigente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Enrique Baca, solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones permanecer dos años en el sistema para poder renovar sus unidades.
Cinco gremios de transportistas urbanos, que cubren alrededor de 16 mil puestos de trabajo, protestaron esta mañana en el frontis del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los manifestantes indican haberse visto afectados por un cronograma del MTC que ha dado pase al retiro a más de dos mil unidades de vehículos del año 1999 o más antiguos.
Los transportistas señalaron que, de no tomarse medidas al respecto, realizarán un paro este 22 de noviembre en Lima y Callao. Esperan que se amplíe el cronograma, pues argumentaron que se han visto afectados por la pandemia de la COVID-19.
Ante ello, el dirigente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Enrique Baca, se pronunció al respecto.
«Nos encontramos en el frontis del Ministerio de Transporte y Comunicaciones haciendo una paralización, un plantón, para llamarle la atención a la autoridad y vea que ha dejado en la calle más de dos mil unidades sin tener ningún tipo de criterio de a dónde van a erradicar esos carros. Lo único que les queda es piratear y pasar a la informalidad. No tenemos un plan de mitigación, no tenemos un plan de chatarreo«, dijo en conversación con RPP Noticias.
Baca agregó que las unidades que quedarían fuera de circulación se encuentran al día en los aspectos técnicos y solicitó una prórroga de dos años para proceder con la renovación.
«Estas unidades están operativas, cuentan con revisiones técnicas al día, cuentan con SOAT. El único criterio ha sido la antigüedad. Nosotros pedimos, de forma previsoria, permanecer dos años en el sistema para poder llegar a hacer una renovación de unidades«, culminó.
Otro representante de los transportistas manifestantes, Martín Valeriano, dijo lo siguiente:
“Vamos a hacer una medida de fuerza no porque queramos, sino por nuestra misma necesidad. Si llegamos a un diálogo con la autoridad y se ve una fórmula para que la población no se vea afectada, nosotros lo suspenderemos, pero, de lo contrario, seguiremos. Desde la época del exministro Juan Silva Villegas hubo mucha voluntad, pero hasta el momento han pasado muchos ministros por la cartera y no hemos sido atendidos”.
Según declaró Martín para La República, más de 2.000 unidades han quedado sin permiso por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), a pesar de estar en óptimas condiciones.
“(Hemos tenido una) mesa de trabajo con ATU para ver la prórroga excepcional que tenían estos vehículos. En pandemia, por las restricciones que nos daba el Estado, protocolos y condiciones que había en esos momentos para laborar por parte de ATU, no se pudo hacer caja chica. Nos vemos en la necesidad de seguir laborando un par de años más. Esperemos que la autoridad entienda que lo que solicitamos no es solamente para los transportistas, sino en beneficio de la población, para que tengan un servicio más cómodo con (buses) formales”, expresó.
Según Valeriano, estos buses pasarían a la informalidad si se confirman las disposiciones. “Calculo que deben ser más de 15.000 familias que se verán perjudicadas si estos vehículos no trabajan. En estos momentos, ya están siendo afectados; es más, están poniendo papeletas de S/ 18.600, y eso a quién responsabilizamos nosotros”, explicó.
De acuerdo a fuentes de la Autoridad de Transporte Urbano, la solicitud de ampliación de la autorización del servicio de transporte no es competencia de esta entidad ya que el régimen extraordinario de permanencia lo establece el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de una resolución ministerial.