Presidente Castillo pide evaluación contractual de peajes vinculados a Odebretch

Debido que no estarían cumpliendo con sus obligaciones contractuales respecto al mantenimiento de las vías.

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que solicitó una evaluación exhaustiva de las concesiones de los peajes vinculadas con la empresa Odebrecht, debido que no estarían cumpliendo con sus obligaciones contractuales respecto al mantenimiento de las vías.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario manifestó que esta medida se toma luego de haber recibido información de los usuarios de diversas vías nacionales.

«Los derechos del pueblo están por encima de las concesiones vinculadas a casos de corrupción. Por ello, he dispuesto que el ministro de Transportes y Comunicaciones (Juan Barranzuela) evalúe exhaustivamente el cumplimiento de las concesionarias en sus obligaciones contractuales de mantenimiento de vías«, escribió.

Asimismo, precisó que los peajes, ligados a la empresa Odebrecht, «no están cumpliendo sus obligaciones contractuales de mantenimiento de las vías».

Cabe recordar que en 2019 el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que el concejo municipal acordó buscar la renegociación justa de los contratos de los peajes a través del Ministerio de Economía y la Contraloría; sin embargo, no se logró nada.

ANTECEDENTES

En 2009, durante la gestión del entonces alcalde Luis Castañeda, la municipalidad de Lima firmó el contrato con OAS para la concesión de la llamada Línea Amarilla por 30 años. Posteriormente, bajo Villarán fue suscrita una adenda que amplió el plazo a 40 años.

Odebrecht, varios de cuyos directivos confesaron el pago de sobornos y la entrega de aportes ilegales de campaña, ganó la concesión para remozar y administrar 115 km de autopistas de la capital, bajo el nombre de Rutas de Lima.

En 2016, le empresa brasileña vendió el control del 57% de la explotación de la obra a la gestora Brookfield y conservó el 25%. El 18% es manejado por la firma Sigma.

Odebrecht reconoció que hizo aportes de campaña irregulares y que pagó sobornos en Perú para ganar licitaciones entre 2005 y 2014. Ahora colabora con la fiscalía.

Cuatro expresidentes peruanos y la exalcaldesa Susana Villarán se vieron salpicados por este escándalo, entre ellos Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por esta causa.

En 2017, pobladores del norte de Lima protestaron para exigir la eliminación de un peaje y quemaron las casetas de pago.