Gremios rechazan legalización de taxis colectivos para transporte interprovincial

La norma tendrá una vigencia de cuatro años con plazo prorrogable, según precisó una ley del Congreso el último jueves.

Mediante un comunicado, los gremios de transportes más importantes del país rechazaron la norma aprobada por el Congreso de la República, que autoriza el servicio de los llamados “taxis colectivos” en rutas interprovinciales.

Los gremios indican que la norma aprobada condena a los usuarios a ser víctimas de la inseguridad y la informalidad, poniendo en riesgo sus vidas e integridad física. La mitad de las muertes por accidentes en carreteras interprovinciales involucra a los “taxis colectivos”, ahora legalizados.

La norma vulnera el principio básico y fundamental que la Constitución y las leyes del Perú protegen: la vida humana. La legalización del “taxi colectivo” para transporte interprovincial antepone intereses ilegítimos pequeños de grupos pseudo empresariales que operan informalmente, por encima de la integridad y seguridad de 32 millones de peruanos que merecen reglas claras y leyes que realmente los representen y los protejan de la informalidad y la inseguridad.

El Ejecutivo, el MTC y todas las entidades técnicas formales (públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales) vinculadas al transporte en el país coinciden en lo perjudicial que es esta Ley.

“Desde los gremios que suscriben el presente documento, condenamos enérgicamente la promulgación -por insistencia – de una norma que nos hace retroceder y alejarnos del país que deseamos: un país en que personas, autoridades y empresas prosperen dentro de un marco de formalidad y puedan aspirar a un futuro mejor. El Congreso no puede, por intereses personales, dar leyes anti técnicas y perjudiciales para todos”, indica el sector privado.

Los gremios firmantes señalan que reconocen lo complejo de la geografía de nuestro país y entienden que en casos muy puntuales sea necesario el uso de unidades de transporte más pequeñas y maniobrables, pero de ninguna manera eso puede ser tomado como justificación para permitir que se atente contra las normas más elementales de circulación y transporte de pasajeros en vías interprovinciales que ya son atendidas por empresas formales (más de 1,700) que con responsabilidad cumplen con las normas y permiten que sus usuarios viajen con seguridad.

“Con esta Ley perdemos todos: usuarios, conductores, empresas y el Estado, que deja de recibir los tributos que las empresas informales no pagan, y asume los costos de salud que los accidentes generan y que todos los peruanos terminan pagando, además del dolor de las pérdidas de vidas humanas, en promedio más de 3,000 fallecidos al año”, indica el comunicado.

Las asociaciones recuerdan que el transporte interprovincial ya está regulado y utiliza vehículos de categoría M3 (buses) unidades fabricadas y ensambladas para el transporte interprovincial de forma regular y continua, y excepcionalmente en ausencia de omnibuses con unidades de la categoría M2 (minibús con más de 8 asientos). El servicio formal se realiza con flota, horarios y terminales terrestres, no en forma caótica (sin horarios, congestionando salidas de Lima, afectando el comercio externo e interno) que impacta a todos los peruanos y es parte de la crisis por la que atravesamos.

“Hay que encontrar soluciones graduales al problema. Con esta Ley, en poco tiempo duplicaremos el número de informales, que nuevamente solicitarán “formalización” al Gobierno con amenazas y atentados contra la propiedad privada. Confiamos en que las autoridades, así como la sociedad civil, exijan la derogatoria de esta Ley que solamente traerá al Perú pérdida de vidas, recursos, impuestos y que nos aleja de la formalidad y de la calidad de servicios que merecemos. El transporte no es un “cachuelo”, es una actividad profesional que debe ejercerse con los más altos estándares de seguridad en todo aspecto, por cuanto todos ponemos nuestras vidas y las de nuestros seres queridos en manos de un conductor. Exigimos que las autoridades sean coherentes con ello”, señala el comunicado.

Este comunicado fue firmado por las siguientes asociaciones:

  • Confederación de Transportistas Terrestres del Perú – Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (COTRAP- APOIP).
  • Asociación Automotriz del Perú (AAP).
  • Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (ANATEC).
  • Cámara de Comercio de Lima (CCL).
  • Gremio de Transportadores y Logística del Perú & América (GTL).
  • Gremio Nacional de Trasportistas y Conductores del Perú (GNTC PERU).
  • Gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa (GNTC Arequipa).
  • Fundación Transitemos.
  • Unión Nacional de Transportistas (UNT).
  • Unión Nacional de Transportistas Macro Región Norte.

CONGRESO PRECISA ALCANCES DE LA LEY DE AUTOS COLECTIVOS
Cabe agregar que el último 24 de diciembre, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 21096 del Congreso de la República que precisa los alcances de la ley 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

Con dicha norma se precisaron los siguientes puntos:

Artículo 1. Precisión de la formalización de automóviles colectivos
Precísase que los automóviles colectivos a los que se refiere la Ley 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos, son los de la clasificación vehicular M1, con carrocería sedán o station wagon, establecida por el Decreto Supremo 058-2003-MTC.

Artículo 2. Inclusión vehicular
Inclúyense en los alcances de la presente ley a aquellas unidades de clasificación M2, para zonas rural y urbana establecida por el Decreto Supremo 058-2003-MTC, vehículos con más de ocho plazas, excluida la del conductor, cuya masa máxima no supere las cinco (5) toneladas, diseñados y fabricados para transporte de pasajeros.

Artículo 3. Autorizaciones
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autoriza el servicio de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo de ámbito nacional e interregional, entre ciudades de provincias ubicadas en distintas regiones.

Los gobiernos regionales y locales autorizan el servicio de transporte terrestre de personas en automóvil colectivo de ámbito interprovincial e interdistrital, entre provincias y distritos ubicados en una misma región, según corresponda.

Los vehículos de clasificación M1 y M2 autorizados para prestar el servicio de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo deben cumplir con las condiciones técnicas y de seguridad que se establezcan en el reglamento de la presente ley y por las autoridades competentes.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera. El Poder Ejecutivo, en el plazo de treinta (30) días calendario, reglamenta la presente ley, sin distorsionar el espíritu de la misma y bajo responsabilidad funcional.

Segunda. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Pasajeros, Carga y Mercancías (SUTRAN) administra, publica y actualiza el registro oficial de empresas que, a nivel nacional, prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo que utilizan vehículos de clasificación M1 y M2.

Una vez empadronados las empresas y sus vehículos a que se refiere el párrafo precedente, no se podrá incrementar el número de vehículos señalados a efectos de la habilitación vehicular inicial correspondiente.

Tercera. Para garantizar la seguridad de los pasajeros en el servicio de transporte terrestre en automóvil colectivo en vehículos de clasificación M1 y M2, las autoridades nacionales, regionales y locales, por intermedio de sus unidades u organismos de fiscalización como la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), las gerencias de transporte urbano (GTU) o quien haga sus veces y la Policía Nacional del Perú (PNP), implementan procedimientos de vigilancia y control electrónico, según sus funciones y competencias contenidas en la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Cuarta. Las personas jurídicas autorizadas para el servicio de transporte terrestre de personas en automóviles colectivos de ámbito nacional, regional, provincial tendrán un plazo de seis (6) meses, a partir de la publicación del reglamento de la presente ley, para adecuarse a las nuevas disposiciones legales emitidas por la presente ley y la autoridad competente, según corresponda.

Quinta. La presente ley tiene una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables por un plazo máximo de tres (3) años, solo si al vencimiento del plazo original, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o la autoridad competente emite opinión positiva respecto a la prórroga para cubrir el déficit del servicio de pasajeros interregional e interprovincial, señalando el plazo y el número de vehículos necesarios para dicho fin.

Sexta. Para los efectos de la presente ley, quedan excluidas las circunscripciones de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.