Congreso aprueba suspensión del cobro de peajes a nivel nacional durante el estado de emergencia

Tras un debate de más de dos horas, el Congreso de la República aprobó esta tarde la autógrafa de ley que suspende el cobro de peajes a nivel nacional.

La aprobación se dio por 102 votos a favor. Además se dio 1 voto en contra y 25 abstenciones.

Esta ley fue aprobada el 3 de abril pasado; sin embargo, el 29 de abril el presidente Martín Vizcarra observó esta ley, lo que causó que tenga que ser derivada nuevamente al Congreso.

Durante el debate de hoy, diferentes parlamentarios consideraron que los contratos deben tener cláusulas que permitan su suspensión en casos de emergencia. Algunos legisladores incluso consideraron que la suspensión debería durar todo el año, mientras que otros fueron más allá al indicar que los peajes son el fruto de la corrupción y por ello deben ser suspendidos indefinidamente.

Unos pocos congresistas, que se abstuvieron en la votación, se manifestaron en contra de la suspensión de peajes, ya que consideran que el Estado será susceptible de una demanda ante el CIADI por parte de los concesionarios de las vías, lo cual causaría que las arcas públicas deban desembolsar millonarias cifras para indemnizar a estas empresas.

La iniciativa legislativa busca evitar suspender el cobro de peajes alegando que de esta forma se protege del contagio de Covid-19 a los conductores y al personal de los peajes, al evitar el contacto físico.

SOLO 18 DE 74 PEAJES SEGUÍAN COBRANDO
Cabe recordar que de los 74 peajes que hay en el país, ya 56 habían suspendido el cobro. El Gobierno aseguró que estaba conversando con los 18 concesionarios restantes para que suspendan el cobro.

LEY AFECTARÍA CAPACIDAD DEL PAÍS PARA ATRAER INVERSIONES
Horas antes del debate en el Congreso, el director general de política de promoción de la Inversión privada del MEF, Gabriel Daly, subrayó que la suspensión de los peajes será un mensaje negativo para el mercado de capitales y afectaría la capacidad del país para atraer nuevas inversiones.

Asimismo, Daly subrayó que una iniciativa de este tipo no es constitucional y que le terminaría haciendo daño a la imagen del país frente a los capitales internacionales.

«Un contrato no se puede cambiar mediante una Ley. Es un principio básico», dijo.

Agregó que ello es dañino para la seguridad jurídica y para una economía de mercado como la nuestra.

En ese sentido, explicó que son ocho las empresas concesionarias que podrían iniciar demandas por incumplimientos de contratos.

Uno de los proyectos que estas empresas podrían paralizar es el evitamiento de Chimbote, una obra de 128 millones de dólares que reduce el tiempo para cruzar esta ciudad de una hora a 25 minutos.

También figura la carretera de la Ramiro Prialé y la Panamericana Sur, para el tramo Pisco-Ica, entre otras obras más pequeñas como pasos a desnivel e intercambios viales.